El incremento de agresiones a vigilantes de seguridad en entornos críticos como el transporte público, los centros sanitarios o los controles de acceso ha devuelto al centro del debate el uso de cámaras corporales en seguridad privada.
Para muchos profesionales, estos dispositivos suponen una herramienta disuasoria imprescindible y un respaldo probatorio clave ante intervenciones complejas.
Sin embargo, la utilización de cámaras corporales en seguridad privada no depende de la voluntad del trabajador. Tampoco depende de la mera adquisición del equipo por parte de la empresa.
Su despliegue está estrictamente condicionado por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El marco legal vigente: seguridad privada frente a protección de datos
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, contempla el artículo 42. Puede usar medios técnicos y medidas de seguridad adecuadas para cumplir las funciones encomendadas. Entre estos medios se encuentran los sistemas de videovigilancia y captación de imágenes. Su uso debe responder a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.
La captación de imágenes en la vía pública afecta el derecho a la protección de datos. También vulnera la propia imagen, garantizada por el artículo 18 de la Constitución Española. Por esta razón, el marco legal impone restricciones severas. Estas restricciones impiden equiparar el uso de estas tecnologías en la seguridad privada. El uso en la seguridad privada debe diferir del utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La AEPD y la UCSP han dejado claro que la videovigilancia móvil no puede sustituir a la videovigilancia fija. La videovigilancia móvil se considera medio excepcional cuando los sistemas fijos no alcancen o resulten insuficientes para la seguridad.
Las cámaras corporales deben considerarse un medio excepcional. Se emplean en situaciones donde los sistemas fijos no alcanzan para garantizar la integridad de personas e instalaciones.
La prohibición absoluta del uso de dispositivos personales
Una de las dudas entre los vigilantes de seguridad es si pueden portar una cámara propia adquirida a título particular. Esto podría salvaguardar su integridad física durante el servicio. La respuesta legal y administrativa es tajante: no está permitido bajo ninguna circunstancia.
El vigilante de seguridad que usa un dispositivo personal para grabar intervenciones infringe una grave protección de datos. Esto ocurre por carecer de legitimación como responsable o encargado del tratamiento. Además, la normativa de seguridad privada prohíbe taxativamente prestar servicios con medios no homologados. Estos medios deben ser autorizados y provistos por la propia empresa de seguridad.
Las grabaciones obtenidas mediante dispositivos particulares pueden derivar en sanciones administrativas de cuantía elevada para el empleado. A menudo se invalidan como prueba de agresión en sede judicial. Esto ocurre porque se vulnera el derecho a la intimidad.
Requisitos indispensables para que la empresa implante cámaras corporales
Para que un servicio de seguridad privada cuente con cámaras corporales reglamentarias, se requiere un procedimiento riguroso. La empresa de seguridad debe cumplirlo. Asimismo, el cliente contratante debe hacerlo antes de poner el dispositivo a disposición operativa del vigilante.
- Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD): Documento preceptivo que analiza la necesidad, idoneidad y los riesgos potenciales para los derechos de los ciudadanos en ese servicio concreto.
- Contrato de encargo de tratamiento: Delimitación precisa de responsabilidades entre el cliente titular del espacio protegido y la empresa de seguridad que aporta el servicio.
- Protocolo de uso operativo: Instrucción formal que define con claridad en qué supuestos se inicia la grabación, cómo se notifica y quién gestiona la custodia de los archivos.
- Dispositivos homologados con cifrado: Los equipos no deben permitir al vigilante el borrado, manipulación o reproducción directa de las imágenes en el puesto. La descarga debe realizarse en estaciones seguras con registro de accesos.
¿Cuándo y cómo debe activarse la grabación en el servicio?
A diferencia de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalados en edificios, las cámaras corporales no pueden operar bajo el régimen de grabación continua durante toda la jornada. La AEPD rechaza la captación indiscriminada y permanente de la actividad cotidiana por considerarla desproporcionada.
El estándar operativo aceptado exige que la cámara se mantenga en modo de espera y solo se active ante un riesgo real, inminente y objetivo para la seguridad física de las personas, los bienes protegidos o los propios vigilantes. El protocolo debe marcar con precisión los desencadenantes, como conatos de agresión, intrusiones violentas o alteraciones graves del orden en las instalaciones.
Asimismo, siempre que la situación operativa lo permita sin poner en peligro inmediato a los intervinientes, el vigilante debe advertir verbalmente a la persona interceptada de que la intervención está siendo grabada. Este aviso refuerza el efecto disuasorio y blinda la legalidad de la prueba ante posibles recursos de la defensa en sede penal.
Custodia de las imágenes y valor probatorio en el juzgado
La eficacia de una cámara corporal (bodycam) no concluye con la grabación del incidente; la cadena de custodia es el elemento determinante para que el archivo sea admitido por un tribunal de justicia. Las imágenes registradas deben ser volcadas únicamente en servidores controlados por la empresa autorizada, aplicando sellados de tiempo y firmas digitales que certifiquen su autenticidad.
Si durante la intervención se constata la comisión de un presunto delito, las grabaciones deben ponerse a disposición exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la autoridad judicial en el plazo más breve posible. En caso de que no se produzca incidente penal ni reclamación, la normativa exige el borrado automático de los registros en un plazo máximo de treinta días.
Cualquier difusión de estas imágenes en redes sociales, grupos de mensajería o medios de comunicación constituye una infracción de extrema gravedad que acarrea responsabilidad penal y despido disciplinario procedente del trabajador implicado.
CONSEJO PROFESIONAL: Si tu empresa dota al servicio de cámaras corporales, exige siempre por escrito el protocolo operativo firmado y la formación específica previa sobre su encendido y custodia. No utilices jamás cámaras personales ni permitas que nadie manipule la memoria del dispositivo homologado fuera de los procedimientos oficiales.
El camino hacia la clarificación técnica en los servicios
La adopción progresiva de cámaras unipersonales en servicios con alta conflictividad demuestra que la tecnología puede constituir un aliado crucial para la prevención de riesgos laborales del personal operativo. Su implantación genera seguridad jurídica tanto para el vigilante como para el ciudadano intervenido.
No obstante, el vigilante de seguridad debe actuar siempre con rigor y apego a las directrices de la empresa y los organismos competentes.
Conclusión: La cámara corporal es una herramienta de protección técnica sujeta a reglas estrictas, y su valor depende íntegramente del cumplimiento escrupuloso de los protocolos legales establecidos.
Deja una respuesta